El Poder Ejecutivo de la Nación anunció que en breve remitirá al Congreso de la Nación un paquete de reformas legislativas orientadas a “fortalecer la propiedad privada”.

Entre las iniciativas figura la modificación de Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, con el fin de eliminar las restricciones que existen para que ciudadanos o empresas extranjeras puedan invertir en campos en nuestro país.

La norma fue derogada en diciembre de 2023 por el decreto 70 del presidente Javier Milei, aunque su aplicación quedó suspendida por una decisión judicial. Ahora, el debate se reabre en el ámbito legislativo, con expectativas en el sector agropecuario.

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Por un lado, desde el sector inmobiliario consideran que es importante para el sector, porque puede constituirse en una “llave para el desarrollo productivo”.

Pero también hay sector dentro del campo que opinan en contra: por ejemplo, la Mesa Agroalimentaria Argentina expresó su rechazo, porque considera que profundizará desigualdades y alejará aún más la posibilidad de que los pequeños productores puedan acceder a tierras.

LEY DE TIERRAS RURALES: LA MIRADA INMOBILIARIA

Puntualmente, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, aportó su mirada sobre el mercado inmobiliario rural y el impacto que podría tener una eventual flexibilización de la normativa.

“El debate sobre la modificación de la Ley de Tierras vuelve a poner sobre la mesa uno de los temores más arraigados del imaginario argentino: que los extranjeros vengan a comprarnos el campo. Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”, señaló.

En el mercado inmobiliario rural, los operadores coinciden en que la actividad se mantiene dinámica, con fuerte presencia de inversores locales. Las operaciones recientes de grupos nacionales confirman que el empresariado argentino conserva capacidad y voluntad de invertir en tierra, incluso en un contexto de incertidumbre macroeconómica.

“El 95% de las operaciones son realizadas por argentinos y apenas un 5% por extranjeros, que en general ya tenían algún vínculo previo con el país. No es que vinieron de la nada a comprar”, explicó Nordheimer.

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Más allá de ese protagonismo local, especialistas advierten que la eventual flexibilización de la Ley de Tierras podría abrir un espacio genuino para el capital extranjero en proyectos de largo plazo y alta inversión.

Se trata de iniciativas como el desarrollo de zonas con riego o la implantación de cultivos permanentes —pistachos, almendros, nogales— o forestales que requieren entre cinco y diez años hasta alcanzar la primera cosecha rentable.

En esos segmentos, la Argentina cuenta con tierra y condiciones agroclimáticas favorables, pero enfrenta una limitación recurrente: la falta de capital paciente dispuesto a esperar retornos diferidos.

Nordheimer agregó: “Los extranjeros que llegan lo hacen con capital fresco y con la idea de obtener una renta. Muchas veces esperan un 3,5% anual, pero el campo argentino puede rendir más. Además, esas inversiones demandan mano de obra, técnicos, infraestructura y generan un círculo virtuoso que agranda la torta productiva. Eso nos puede llevar a dejar de ser meros exportadores de granos para pasar a exportar valor agregado”.

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El financiamiento aparece como la principal traba para inversiones de este tipo. El riego y la implantación de cultivos permanentes requieren desembolsos significativos: entre 15.000 y 25.000 dólares por hectárea en el caso de pistachos o nogales, y entre 3.000 y 4.000 dólares por hectárea en forestales.

Para un productor individual, esos montos resultan difíciles de afrontar, mientras que para fondos internacionales especializados en agronegocios representan una inversión manejable dentro de su cartera global.

Como corolario, Nordheimer subrayó también que “los grandes fondos institucionales que pueden venir a la Argentina no trabajan solos: se asocian con administradores y productores locales. No traen todo su equipo de afuera, sino que buscan alianzas con actores argentinos. Eso asegura que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional”.

LEY DE TIERRAS RURALES: UNA “MESA” EN CONTRA

Por su parte, la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) emitió un comunicado titulado “Tierras para extranjeros y no para para agricultores argentinos”, en el que rechazó las modificaciones que se intentan aplicar a la normativa.

Como argumento, la MAA recordó que en la zona núcleo de Argentina el 80% de la superficie se produce bajo arrendamiento, y que entre el 60% y el 70% de los productores de la agricultura familiar son arrendatarios.

Bajo este panorama, “esta ley profundiza un desequilibrio estructural porque otorga más poder a quienes poseen la tierra, pero no la trabajan, en detrimento de quienes producimos alimentos. Esto agravará situaciones de desalojos y precariedad”, remarcó esta Mesa que se define como “el otro campo”, en contraposición a la Mesa de Enlace.

Para la Mesa Agroalimentaria, además, “cientos de familias campesinas son poseedoras históricas de tierras, pero no cuentan con títulos regularizados”, y el problema es que “esta ley encarece y judicializa los procesos de regularización, lo que abre la puerta a desalojos de comunidades que llevan generaciones habitando y produciendo en esos territorios”.

“También se ven afectados los productores sin tierra, porque esta ley encarece los procesos de expropiación y los vuelve inviables al incorporar criterios como el lucro cesante, es decir, la ganancia futura que dejaría de percibir el propietario. Esto hace imposible pensar en políticas de colonización o acceso a la tierra”, prosiguió.

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Además, la MAA se quejó de que constituye un “plan de concentración y extranjerización de la tierra” que “consolida un modelo que prioriza la especulación por sobre la soberanía alimentaria”.

“Con la nueva ley la tierra se convierte en un activo financiero, disponible para capitales concentrados —muchos de ellos extranjeros—, en lugar de ser considerada un bien común al servicio de la producción”, completó.

MANEJO DEL FUEGO Y DESALOJOS

Por otra parte, la MAA se quejó además de que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada también pretende modificar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego que establece los presupuestos mínimos para proteger el medio ambiente de incendios forestales y prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados por hasta 60 años para evitar especulación inmobiliaria, buscando prevenir incendios intencionales.

“Con la modificación se busca flexibilizar las restricciones al cambio de uso de suelo en zonas incendiadas, favoreciendo la especulación y los incendios intencionales. Al mismo tiempo, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada acelera el procedimiento para efectuar desalojos al facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia, con un plazo de tres días de aviso previo a la ejecución del mismo, reduciendo las posibilidades de defensa”, reclamó la MAA.

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Con todos estos aspectos de análisis, la Mesa enfatizó su posición de que “la tierra no es una mercancía más”, sino un “un bien finito cuyo control define qué se produce, cómo se produce y para quién”.

Por otra parte, la Mesa Agroalimentaria hizo foco en que ha construido propuestas que abordan la problemática de la tierra y se presentaron en el Congreso de la Nación.

“Proyectos de ley orientados a la defensa de la producción de alimentos, el arraigo rural y la soberanía alimentaria; que aportan soluciones posibles al acceso a la tierra, los arrendamientos rurales y la defensa del territorio campesino indígena”, enumeró.

Desde su punto de vista, “defender la tierra es defender la soberanía y garantizar que el pueblo pueda decidir sobre su producción, su alimentación y su futuro”, porque “no hay soberanía política sin soberanía territorial, ni soberanía alimentaria sin campesinos”.

Por eso, como conclusión, la Mesa Agroalimentaria exige:

• Pleno cumplimiento de la actual Ley de Tierras.
• Freno a este intento de extranjerización.
• Políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra para quienes la trabajan y producen alimentos.
• No a los desalojos inmediatos contra inquilinos y que se respeten los contratos de alquiler.
• Transparencia y control sobre las operaciones de compra que esconden concentración a través de testaferros.

“La tierra es de quienes la trabajan. La tierra es para alimentar a nuestro pueblo, no para la especulación. La tierra no se vende, se defiende”, concluyó.